En Sinaloa, la violencia se prolonga mientras el gobierno permanece inmóvil. A 17 meses de los hechos que sacudieron a comunidades enteras, no hay responsables sancionados ni una explicación clara para las familias afectadas.
La crisis de seguridad que vive Sinaloa ya no puede ocultarse con cifras maquilladas ni discursos oficiales. Han pasado 17 meses desde los hechos que marcaron a la entidad y, hasta hoy, las autoridades no han ofrecido respuestas claras, avances contundentes ni justicia para las víctimas. La violencia persiste y el silencio gubernamental se vuelve cómplice.
El caso de los mineros dejó de ser un asunto local para convertirse en un agravio que duele a todo el país. No solo por la magnitud de lo ocurrido, sino por la forma en que el gobierno ha decidido administrar el olvido, prolongando la incertidumbre de las familias y evadiendo su responsabilidad constitucional de garantizar seguridad y justicia.
Mientras el gobierno presume estrategias que no se reflejan en la realidad, las comunidades siguen viviendo con miedo y desprotección. La ausencia de resultados evidencia una política de seguridad fallida, incapaz de prevenir, investigar y sancionar los hechos que han lastimado profundamente a Sinaloa.
Desde el PRI Sinaloa, se señala con claridad que la omisión también es una forma de violencia. La falta de atención e investigación efectiva y de acompañamiento a las víctimas agrava el daño y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerlas.
El país no puede acostumbrarse a que la violencia quede sin respuesta. Sinaloa merece verdad, justicia y acciones inmediatas. Las familias no pueden seguir esperando y el gobierno no puede seguir escondiéndose detrás del tiempo.
