Han pasado 17 meses desde que la narcoguerra se intensificó en Sinaloa y la violencia sigue marcando la vida cotidiana de miles de familias. Lejos de disminuir, la crisis de seguridad se ha profundizado ante la falta de resultados claros por parte de las autoridades.
La violencia en Sinaloa no es un episodio aislado ni una coyuntura pasajera. A 17 meses del inicio de una etapa marcada por la confrontación del crimen organizado, el estado continúa sumido en un clima de inseguridad que afecta comunidades enteras y erosiona la tranquilidad social.
Ante la ausencia de una respuesta eficaz del gobierno, las familias han tenido que asumir una tarea que debería ser responsabilidad del Estado: buscar a sus seres queridos desaparecidos. Colectivos ciudadanos, madres y padres recorren terrenos y levantan la voz, mientras las instituciones avanzan con lentitud o simplemente guardan silencio.
Esta omisión ha generado un profundo desgaste social. La narcoguerra no solo deja víctimas directas, sino también un impacto emocional, económico y comunitario que se acumula con el paso del tiempo. La falta de acompañamiento a las víctimas y de investigaciones efectivas alimenta la percepción de impunidad.
Desde el Congreso, la senadora Paloma Sánchez ha señalado que no se puede normalizar que el gobierno deje solas a las familias. La seguridad no se mide con discursos ni conferencias, sino con resultados concretos que hoy siguen sin llegar a Sinaloa.
La exigencia es clara: verdad, justicia y una estrategia real que ponga al centro a las víctimas. El país no puede aceptar que la narcoguerra se administre con indiferencia ni que el dolor de las familias quede en el olvido.
