Al cumplirse 512 días de violencia sostenida en Sinaloa, Paloma Sánchez expuso el grave impacto humano, social y económico que ha dejado la narcoguerra en el estado, subrayando la urgencia de una respuesta institucional eficaz para proteger a la población y restablecer la seguridad.
Sinaloa atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente en materia de seguridad. De acuerdo con el balance presentado, 512 días de narcoguerra han dejado un saldo de 2,399 personas asesinadas y 3,047 desaparecidas, cifras que reflejan una crisis profunda que ha rebasado a las instituciones encargadas de garantizar la paz.
El impacto de la violencia no se limita a la pérdida de vidas. Se estima un daño económico de 70 millones de pesos, el cierre de más de dos mil negocios y la pérdida de 9,232 vehículos, lo que ha afectado directamente el patrimonio de miles de familias y ha debilitado la actividad productiva en distintas regiones del estado.
La dimensión social de la crisis resulta especialmente alarmante. En este periodo, 72 niñas y niños han perdido la vida, mientras que alrededor de 3 mil familias se han visto obligadas a desplazarse para resguardar su integridad, dejando atrás hogares, empleos y redes comunitarias. Estos datos evidencian una fractura del tejido social con consecuencias de largo plazo.
Paloma Sánchez señaló que estas cifras no pueden normalizarse ni reducirse a estadísticas. Cada número representa una historia truncada y una comunidad afectada, por lo que insistió en la necesidad de una estrategia integral que priorice la seguridad de la población civil y la atención a las víctimas.
Ante este panorama, se hizo un llamado a reconocer la magnitud de la crisis y a asumir responsabilidades para recuperar la paz en Sinaloa, con acciones concretas que atiendan tanto la emergencia de seguridad como la reconstrucción social y económica del estado.
